La Compañía Guipuzcoana

Esta Compañía vasca inicio sus operaciones en 1730, con el fin de acabar con el contrabando e imponer un comercio exclusivo entre España y la provincia de

Venezuela. Permaneció activa durante 50 años y promovió el desarrollo económico y político de la región. Su actuación fortaleció a los sectores productivos de Venezuela, instándolos a luchar y defender sus interese. A comienzos del siglo XVIII, existieron algunas compañías que intervinieron en el comercio de las colonias españolas, como fue el caso de la Real Compañía de Guinea, empresa comercial de origen francés que vendía esclavos; y la Compañía de Asiento Inglés, que igualmente debía encargarse del abastecimiento de esclavos.

Estas empresas aprovecharon el asiento para contrabandear, lo cual perjudicó en gran medida los intereses económicos del gobierno metropolitano y del rey de España. En consecuencia, el comercio ilegal aumentó en forma alarmante, y fue necesario-combatirlo.

Estas circunstancias dieron paso a la creación de la Real Compañía Guipuzcoana. Ésta fue constituida el 25 de septiembre de 1728, en virtud de una real cédula que expidió el rey Felipe V, para que existiera un comercio recíproco y exclusivo entre España y la provincia de Venezuela.

Operó desde 1730 hasta 1785, y tuvo gran influencia en el desarrollo económico, social y político de la colonia. Trabajó a base de acciones pertenecientes a capitalistas vascos, principalmente de la provincia de Guipúzcoa en el norte de España.

La constitución de la Compañía Guipuzcoana comenzó a fraguarse desde principios de la tercera década del siglo XVIII. Sirvió como fundamento económico para la promoción de la empresa el informe presentado por Pedro José de Olavarriaga, quien estuvo en Caracas en los años de 1720 y 1721 en ejercicio de su función como juez de comisos, documento en el cual hizo una descripción del estado de la gobernación, su producción y comercio con España y México, y con otros dominios españoles y extranjeros en América. El consumo de cacao en España se había generalizado y constituía materia de primera necesidad, pero los conflictos bélicos en que a menudo se vio comprometida la metrópoli, interrumpieron a veces casi absolutamente el aprovisionamiento del grano procedente de Caracas. Además, los mercaderes y propietarios de naves caraqueños, preferían atender la demanda de México, por su proximidad, los menores riesgos de la navegación y por el pago en monedas de plata y oro que le permitían toda clase de negociaciones locales y con el comercio español o extranjero, fuese legítimo o irregular, pues esas remesas constituían la única masa de numerario que ingresaba a esta gobernación. Conforme a una certificación del movimiento de naves y su carga, correspondiente al período 1720 a 1730, en esos años partieron para Veracruz (México) 76 naves con un cargamento de 188.481 fanegas de cacao, en tanto que para Cádiz salieron sólo 9 navíos con 40.243 fanegas, de un total de 256.081 fanegas extraídas con destino a México, España y Canarias. Tras dilatadas negociaciones entre la Corona y los promotores de la compañía, las conversaciones sostenidas por Felipe de Aguirre, en su condición de comisionado por la provincia de Guipúzcoa, y el ministro José Patiño, culminaron con la expedición de la real cédula de 25 de septiembre de 1728, que otorgó a la Compañía Guipuzcoana el privilegio del comercio recíproco entre España y la provincia de Venezuela. Las otras gobernaciones que hacia finales del siglo XVIII integraron, primero, la Intendencia de Ejército y Real Hacienda, y después la Capitanía General, la Audiencia y el Consulado, no quedaron entonces comprendidas dentro de este contrato, aunque luego se extendió a la de Maracaibo por tiempo de 12 años, mediante real cédula de 19 de agosto de 1739. El comercio de Venezuela era muy codiciado pues su cacao gozaba de la mejor reputación en los mercados mundiales. Por su precio se colocó en el tercer lugar después del oro y de la plata, y en la misma posición de otro artículo precioso como era la grana. En España llegó a cotizarse por encima de 80 pesos la fanega, y aunque la compañía hizo bajarlo a 45, era ésta una suma tan importante que equivalía al salario de un año de un trabajador agrícola, un peón, a razón de 9 reales semanales que se pagaba ordinariamente en la provincia de Venezuela. Conforme al contrato, la compañía despacharía anualmente 2 o más barcos mercantes a Venezuela, los cuales estarían equipados para la guerra con 40 o 50 cañones. Podrían cargar en España toda clase de mercaderías, facultados para tocar indistintamente en La Guaira o Puerto Cabello, para comerciar desde ahí con todas las ciudades de la jurisdicción. Estas naves partirían directamente desde los puertos de Guipúzcoa; pero a su regreso estaban obligadas a tocar en Cádiz. La compañía se comprometió a ejercer la vigilancia del litoral de la provincia, en cuya misión debía mantener una o más naves que recorrerían constantemente la dilatada costa, no sólo aquella correspondiente a su concesión, sino desde la boca del Orinoco hasta el río de la Hacha; de los navíos que apresase le corresponderían dos tercios de su venta y las mercaderías las pagaría «a precios justos». Se le autorizó para incorporar a su flota mercante naves construidas en el extranjero, aunque sólo en sus primeros viajes, exonerándola del derecho de extranjería, un impuesto que pagaban los navíos fabricados fuera de España y sus dominios. Una vez abastecida la provincia de Venezuela, la mercadería sobrante podía ser conducida a las de Cumaná, Trinidad y Margarita, e intercambiada por plata, oro y frutos destinados al comercio ordinario con España. El Rey se reservó el derecho de hacer concesiones semejantes a otras corporaciones, pero esta cláusula sólo fue empleada como una amenaza para obligar a la compañía a cumplir con puntualidad sus compromisos, siendo derogada en 1732 aunque en forma condicionada, y definitivamente eliminada por real cédula de 1742. De manera que de hecho en los 2 primeros años y de pleno derecho a partir de esa fecha, durante 50 años disfrutó ella sola y a sus anchas del trato exclusivo entre la provincia de Venezuela y España. El comercio con los otros dominios españoles en América y colonias extranjeras, cuando fuese autorizado por las presiones políticas, particularmente bélicas, quedaba fuera de los términos del contrato con la Guipuzcoana.

La compañía en actividad: Inmediatamente después de publicarse la cédula de creación de la empresa, fueron abiertos los libros para suscribir el capital previsto de 3.000.000 de pesos, a razón de 500 pesos cada acción. Sólo la mitad de esa suma fue cubierta, pero resultó suficiente para iniciar las actividades. Y así, el 15 de julio de 1730 salieron del puerto de Pasajes las 3 primeras naves (dos fragatas y una galera), artilladas en total con 86 cañones y una tripulación de 561 hombres. Tres meses más tarde partió un cuarto navío, una fragata de gran porte. Los resultados comerciales de estas primeras expediciones fueron extraordinariamente provechosos para la compañía, pues habiendo retornado ese año sólo 2 de esas naves, condujeron a la Península 80.000 fanegas de cacao, compradas al precio de sólo 10 pesos, siendo vendidas en España a razón de 45 pesos, lo que dio un producto bruto de 3.600.000 pesos, que deducido el costo del fruto, 800.000 pesos, y el de las naves y sus armamentos, los impuestos, sueldos de funcionarios, salarios de las tripulaciones y gastos de instalación y otros, arrojó un producto neto de 738.000 pesos. Tres años después de haber iniciado sus actividades, repartió un dividendo del 20%, una vez deducida la participación de la Corona en las utilidades. El establecimiento de la compañía causó gran indignación en la provincia. El Cabildo de Caracas reclamó que no se le había consultado, como ocurrió en otras oportunidades por estar comprometido el interés del común. Además, el contrato provocaba una alteración profunda de los negocios regulares establecidos por los cosecheros y mercaderes criollos, en su mayoría de origen vasco, con la metrópoli, Nueva España (hoy México) y los dominios del Caribe. Esta protesta no surgió porque aquellos se sintiesen afectados en el comercio ilegal, pues ocasiones para ejercerlo tendrían cuando quisiesen y les conviniese, sino porque les arrebataba el comercio directo con España, no solamente del cacao, sino el de los efectos europeos para el abastecimiento del mercado local, ya que México proporcionaba los metales amonedados y sólo en muy pequeña escala, mercadería de consumo indispensable para la dieta, el vestido, y artefactos de uso artesanal o de la pequeña e incipiente industria, en su mayor parte procedentes de Inglaterra o Francia y de la propia España. Otra fuente de conflictos fueron las relaciones con la Real Compañía del Asiento Inglés para la introducción de negros, autorizada por el asiento para invertir en frutos del país el producto de la venta de los esclavos y también para vender una limitada cantidad de efectos supuestamente sobrantes de sus provisiones. Apoyándose amenazadoramente en sus barcos armados, la Guipuzcoana puso guardias suyos en las naves inglesas, lo cual motivó una protesta del factor inglés, quien exhibió documentos reales que apoyaban sus operaciones. El gobernador resolvió el incidente en favor del asiento inglés, pero en los años siguientes continuaron las disputas hasta que finalmente el Rey decidió que las naves inglesas de dicho asiento no fuesen molestadas y se les bonificase por cualquier daño que recibieren. La situación se agravó en el curso de la siguiente guerra contra Inglaterra, y las naves británicas que atacaron a La Guaira en 1743, recibieron órdenes del almirantazgo de destruir cuantas cosas de mar o de tierra pertenecieran a la Guipuzcoana. Estos incidentes no cesaron hasta la firma del Tratado de El Buen Retiro (1750) por el que Inglaterra cedió el convenio suscrito en 1713, a cambio de una fuerte indemnización por parte de España.

La resistencia local contra la compañía fue promovida y ejercida principalmente por la nobleza criolla representada en el Cabildo caraqueño, y los grandes mercaderes y cosecheros, apoyados en sus recursos y en la flota mercante que ellos poseían, más sus vinculaciones con las grandes casas mercantiles de Cádiz. El establecimiento de la Compañía Guipuzcoana ha inclinado a numerosísimos autores a sostener que la presencia vasca en Venezuela tuvo su origen en ella, y la propia compañía contribuyó a difundir esta versión. Sin embargo, nada más incierto pues desde finales del siglo XVI se estableció en Caracas un influyente y numeroso grupo integrado por individuos procedentes de Vizcaya. En el siglo XVIII, la flota mercante caraqueña que mantenía un comercio directo con España y tuvo en sus manos sin soltarlo durante 2 centurias el comercio con México, era propiedad en su absoluta mayoría de los descendientes de aquellos primeros pobladores vascos, y de otros de más reciente arribada, que no fueron dependientes de la compañía sino sus adversarios por conflictos de intereses. Esta oposición desembocó en la llamada Insurrección de Juan Francisco de León (1749-1751), isleño canario establecido en Venezuela. Previamente habían ocurrido varios incidentes notables. Desde tiempo inmemorial los cosecheros y mercaderes caraqueños habían gozado de la facultad de disponer de un tercio de la capacidad de carga de las naves que tocaban en La Guaira, para cargar en ellas sus propios frutos. Cuando llegaron los primeros navíos de la compañía, aquéllos intentaron hacer valer ese derecho. Pero los factores se negaron terminantemente a reconocerlo, apoyándose en la cédula real de constitución de la compañía, y el gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela, Sebastián García de la Torre, en su condición de juez, la favoreció con su fallo. En su apelación ante Felipe V aquellos mercaderes y cosecheros no pudieron exhibir cédula alguna que les otorgara esta gracia; no se encontró ni en los archivos municipales ni en los de España. En realidad, no existió jamás; pero el hábito tenía antecedentes de más de una centuria y en este argumento se apoyaron los coloniales para alegar sus prerrogativas. El Rey se negó a reconocer el supuesto derecho y se limitó a recomendar a los capitanes de navíos que tocasen en estos puertos, admitir de los cosecheros frutos para conducir a España u otras partes, pero sólo en proporción de las obligaciones precisas de sus registros. Los mercaderes metropolitanos o americanos, quedaron excluidos y de hecho también, los cosecheros, pues era contrario a los intereses de la compañía admitir frutos de personas extrañas. Como las extracciones dirigidas a México continuaron siendo mayores que las expediciones a España, el gobernador Martín de Lardizábal pidió en 1733 a los oficiales de la Real Hacienda, un informe sobre los avalúos de las de cacao que hubiesen salido de La Guaira. Se confirmó que en el curso de aquel año se embarcaron más de 54.000 fanegas, de las cuales 17.700 se llevaron a España y a México 26.400. El gobernador ordenó que en adelante sólo se podrían enviar a Veracruz (México) 21.000 fanegas, obligando de esta manera a los productores locales a entregarle la mayor parte de sus cosechas a la compañía, y como si esto no bastase, declaró que los precios eran excesivos, y si bien no decretó su baja, resultaba innecesario porque esos cosecheros tenían que deshacerse del sobrante a cualquier precio, o correr el riesgo cierto de perderlo. En efecto, esta orden del gobernador abatió notablemente los precios locales. No satisfecha la compañía con las ventajas obtenidas y el monopolio del comercio entre España y Venezuela, intentó en 1738 apoderarse también del comercio con México, y ofreció pagar el cacao a 14 pesos la fanega en lugar de 11 a que había descendido. Mediante esta oferta logró el apoyo del Cabildo, pero el marqués del Toro y el conde de San Javier llevaron el asunto ante el monarca, quien negó su aprobación al plan. Dos años más tarde renovó su intento y finalmente fue convocada una Junta General de los cosecheros de Caracas donde el proyecto fue rechazado. Desconociendo este resultado, se acudió a una consulta directa de todos los cultivadores, y aunque la mayoría dio su aceptación y aparentemente la compañía había vencido la resistencia, cuando se dispuso a iniciar el tráfico a Veracruz y consultó a 85 cosecheros sobre las cantidades que estaban dispuestos a embarcar, resultó que sólo pudo obtener de 3 de ellos la promesa de 240 fanegas. Los restantes contestaron que no tenían cacao, agregando algunos de ellos altaneramente, que si lo tuvieran no lo habrían embarcado en nave de la compañía, y ésta, finalmente, desistió de sus propósitos. La caída de los precios que continuó acentuándose a partir de 1740 a 1749, constituyó uno de los fundamentos de las alteraciones políticas ocurridas al final de esa década. De acuerdo con un informe solicitado a los funcionarios de la Real Hacienda, en el curso de esos 10 años las extracciones para España fueron de 171.200 fanegas de cacao, en tanto que hacia México más algunas pequeñas cantidades enviadas a las islas del Caribe, las exportaciones pasaron de 258.300 fanegas. Y en cuanto a los precios, ese informe demostró que de 20 pesos la fanega en 1730, descendió a sólo 8 pesos en 1747. Este precio no alcanzaba a cubrir el costo, conforme a todas las estimaciones hechas en esa oportunidad, y el cultivo y producción podían mantenerse sólo gracias al comercio con México que compensaba la pérdida sufrida por los cultivadores.

La revuelta de Juan Francisco de León en 1749, despertó cierta desconfianza hacia la compañía de parte de la Corona, no sólo por este hecho sino porque no le rendía cuenta de sus operaciones y desde 1741 había suspendido la entrega de dividendos, por lo cual los accionistas estaban descontentos. Se acusaba a los directores de hacer negocios personales. La Corona ordenó la convocatoria de una Junta General que se reunió en la Sala del Consulado de San Sebastián, dictándose un reglamento que estableció severas medidas sobre los llamados «gastos secretos», pues había la sospecha, expresada en el proyecto original de ese documento, acerca de «honorarios» que la compañía le daba al obispo y al gobernador de Caracas. Manuel de las Casas, representante de la Corona en el Consejo de la Compañía expresó: «Su Majestad no está ignorante de esto desde que durante siglos pasados ha visto que quienes van a América con un sueldo que apenas cubre sus necesidades, vuelven con dos, cuatro y ochocientos mil pesos fuertes. Esto es conocido y no le veo remedio». La revuelta encabezada por Juan Francisco de León no fue sino una de las muchas manifestaciones de oposición de la provincia al monopolio de la compañía, aunque ciertamente la de mayores proporciones por el número de personas implicadas y por los resultados finales. Se inició en Panaquire, el 2 de abril de 1749, donde León desempeñaba el cargo de teniente de guerra, y se extendió a todas las poblaciones vecinas en la zona de Barlovento. Reunió una multitud de más de 8.000 pobladores que armados de diferentes armas, desde el simple machete hasta el fusil, marcharon sobre Caracas. El 19 de abril este ejército irregular llegó a Chacao, donde se iniciaron las conversaciones con el gobernador Luis Francisco de Castellanos, y el día 20 avanzó hasta la plaza principal de Caracas. Después de varias incidencias se renovó el conflicto y León marchó sobre La Guaira y habiendo el gobernador aparentemente aceptado las demandas de expulsar a la compañía, dispersó su ejército el 7 de agosto y regresó a Panaquire. En 1751, llegó el nuevo gobernador brigadier Felipe Ricardos y con las tropas que condujo de España, emprendió la persecución de León y de todos aquellos que le prestaron ayuda, entre quienes se contaban los hombres más notables y la mayoría de los grandes cultivadores de cacao en número de 80. Derrotado, León se entregó el 9 de febrero de 1752. Esta revuelta se extendió por casi 3 años.

Después de estos graves sucesos, la compañía fue restituida en sus facultades, pero sujetándosela a severas condiciones; entre ellas, la principal, la constitución de una Junta Reguladora de Precios formada por el gobernador, como árbitro, el factor de la compañía y un diputado del Cabildo en representación de toda la provincia. La Junta se reunía en enero y en ella el representante de la provincia y el de la compañía, exponían sus argumentos, el primero en demanda de más elevados precios en la venta de los frutos del país y de moderación en los precios de los efectos de España introducidos por la compañía. En caso de no llegarse a un acuerdo, la decisión correspondería al Rey. El resultado inmediato de este sistema fue un alza progresiva que pasó de 7 u 8 pesos la fanega, a 11, 12, hasta 16 pesos y aún más pasados los años 1770. La compañía fue obligada a ceder a los embarcadores caraqueños hasta una sexta parte de la capacidad de carga de sus naves, y se le fijaron fletes moderados. Además, no obstante sus protestas, tuvo que admitir la participación de 300 accionistas de la provincia de Caracas y 100 de la de Maracaibo. También se la obligó a un mayor abastecimiento de la demanda local de artículos españoles y europeos, entre ellos algunos tan indispensables como el aceite, la harina y otros comestibles, tejidos y toda clase de materiales para el vestido. A partir del establecimiento de la Intendencia de Ejército y Real Hacienda en 1776, la compañía debió enfrentar la resistencia que le opuso el primer intendente, José de Abalos, quien al parecer trajo instrucciones para someterla a controles más rígidos y mermar sus privilegios. La guerra con la Gran Bretaña en 1779, la colocó en condiciones muy precarias que no le permitieron cumplir sus compromisos con la Corona y la provincia, y tuvo que acudir a préstamos de los vecinos de Caracas para continuar sus operaciones. El Cabildo, por su parte, creció en osadía y reclamó mayor participación en los negocios locales. Las dificultades del comercio foráneo hicieron necesaria la extensión a los mercaderes criollos de franquicias para el tráfico con los dominios extranjeros y para el ejercicio mercantil en áreas que habían sido exclusivas de la compañía; de hecho cesaron sus privilegios a partir de 1780, y finalmente sucumbió cuando por real cédula de 10 de marzo de 1785 se ordenó su disolución oficial. Los bienes de la Guipuzcoana pasaron a la Compañía de Filipinas, creada en esa misma oportunidad .

Bibliografia www.mipunto.com/venezuelavirtual- www.fpolar.org.ve/- fotografía tomada de Internet E.Ar.F.